Informe desde Lima: el Congreso destituye a la presidenta Dina Boluarte y desata una nueva crisis política en Perú

El Congreso de la República del Perú aprobó este viernes la vacancia de la presidenta Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, poniendo fin a un mandato marcado por la inestabilidad, la impopularidad y el descontento social. La decisión fue aprobada por una abrumadora mayoría de 124 votos a favor, sin votos en contra, y con ello se abrió paso a una nueva transición política encabezada por el presidente del Congreso, José Jerí, quien asumió de inmediato la jefatura del Estado.

El proceso de destitución fue acelerado. Diversas bancadas, incluyendo a fuerzas que antes respaldaban al Ejecutivo, presentaron mociones conjuntas para remover a Boluarte, señalándola de no haber podido controlar la creciente ola de violencia e inseguridad que afecta al país. Los hechos que desencadenaron la crisis incluyeron un tiroteo en un concierto en Lima, un escándalo de corrupción en el sector interior y el colapso de la popularidad presidencial, que en las últimas encuestas se ubicaba por debajo del 5 %.

Durante el debate, la mandataria fue convocada a presentarse en el hemiciclo, pero no asistió. Su defensa alegó falta de garantías y calificó el procedimiento de “políticamente manipulado”. Pese a ello, el pleno continuó con la votación y, pasadas las once de la noche, se declaró la vacancia presidencial.

Inmediatamente después, José Jerí juró como presidente interino del Perú, comprometiéndose a restaurar la confianza en las instituciones, enfrentar la crisis de seguridad y garantizar elecciones generales en abril de 2026. En su discurso inicial, prometió “unidad y diálogo nacional”, aunque reconoció que el país atraviesa “uno de los momentos más delicados de su historia republicana reciente”.

La destitución de Boluarte ocurre en medio de un contexto de profunda fragmentación política. En menos de siete años, Perú ha tenido seis presidentes, un reflejo del permanente choque entre el Ejecutivo y el Legislativo. Las sucesivas vacancias y renuncias han debilitado la confianza ciudadana y sumido al país en un ciclo de incertidumbre institucional.

En las calles, las reacciones fueron inmediatas. En Lima y Arequipa, centenares de personas celebraron la decisión con banderas y cánticos contra la clase política, mientras otros manifestantes exigieron la disolución del Congreso y nuevas elecciones generales inmediatas. Organizaciones civiles advirtieron que, si el nuevo gobierno no muestra señales de cambio real, las protestas podrían intensificarse.

El nuevo mandatario enfrenta, además, un desafío urgente: recomponer el gabinete ministerial, estabilizar la economía y frenar la violencia urbana que se ha extendido incluso a zonas rurales. Analistas locales coinciden en que la prioridad será evitar un vacío de poder que reavive los enfrentamientos entre las instituciones.

La comunidad internacional reaccionó con cautela. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea instaron a respetar el orden constitucional y a mantener el calendario electoral. En tanto, varios gobiernos latinoamericanos llamaron al diálogo y a la preservación de la democracia en el país andino.

Dina Boluarte, que asumió la presidencia en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, se convierte así en la tercera mandataria peruana removida del cargo por el Congreso en menos de una década. Su salida profundiza la crisis de representación política y deja a Perú, una vez más, en manos de un gobierno transitorio con la misión de devolver la estabilidad a un país exhausto por los vaivenes del poder.