El SNAI no revela el paradero de siete indígenas de Otavalo

La incertidumbre domina a las familias y a la comunidad de Otavalo tras la detención de siete ciudadanos indígenas cuyo paradero permanece en reserva. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) ha decidido no revelar su ubicación actual, alegando motivos de seguridad, lo que ha generado una ola de reclamos y sospechas sobre la transparencia del proceso.

Los detenidos formaban parte de un grupo de trece personas arrestadas durante una serie de protestas ocurridas a finales de septiembre. Según sus allegados, fueron trasladados desde la cárcel de Portoviejo hacia la provincia de Imbabura por orden judicial, pero desde entonces nadie ha podido confirmar si el traslado se concretó.

Los abogados defensores aseguran que el silencio de las autoridades constituye un incumplimiento directo de las disposiciones judiciales, ya que existe un documento oficial que ordena su traslado a un centro penitenciario específico. La falta de información, dicen, impide garantizar la integridad física y los derechos fundamentales de los procesados.

Familiares y representantes de organizaciones sociales se han apostado en las afueras de los centros penitenciarios de Ibarra y Latacunga, exigiendo respuestas inmediatas. Afirman que la reserva declarada por el SNAI es injustificada y podría encubrir irregularidades en el manejo de los reclusos.

En medio de la confusión, han surgido versiones contradictorias sobre el posible destino de los detenidos. Algunos testimonios apuntan a que fueron llevados por tierra hacia la Costa y luego transportados por vía aérea a otro centro carcelario, mientras otros sostienen que nunca salieron de Manabí. Ninguna versión ha sido confirmada oficialmente.

El ambiente en Otavalo es de preocupación y desconfianza. Los líderes comunitarios han convocado a asambleas y marchas pacíficas para exigir la aparición con vida de los siete hombres. Denuncian que las familias llevan más de una semana sin comunicación ni información sobre sus condiciones de detención.

Juristas consultados señalan que negar información sobre personas privadas de libertad puede considerarse una violación al debido proceso e incluso un acto de desacato frente a una orden judicial. Recordaron que la ley obliga a las instituciones del Estado a informar sobre el estado y ubicación de los detenidos, salvo en casos estrictamente definidos.

El SNAI, por su parte, mantiene un hermetismo total. En comunicados escuetos ha insistido en que la reserva responde a “razones de seguridad interna” y que se actuará conforme a las disposiciones judiciales cuando existan condiciones adecuadas.

Mientras tanto, la incertidumbre sigue creciendo. Las familias esperan respuestas y la sociedad civil exige claridad sobre un caso que, más allá de los cargos judiciales, plantea un debate urgente sobre los límites del poder institucional y el respeto a los derechos humanos en Ecuador.