Camino al juicio: los cuatro de Las Malvinas y un caso que sacude a Ecuador

Este jueves, el sistema judicial ecuatoriano vive un momento clave en uno de los casos más sensibles de los últimos años: la audiencia preparatoria de juicio contra 17 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), procesados por la presunta desaparición forzada de cuatro adolescentes en el sector de Las Malvinas, en Guayaquil.

Los hechos ocurrieron el 8 de diciembre de 2024. Josué e Ismael Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, todos menores de edad, fueron detenidos por militares durante un operativo. Nunca más se les volvió a ver con vida. Semanas después, sus cuerpos fueron hallados con signos de violencia. Lo que en un inicio se intentó manejar como un procedimiento legítimo, terminó por destaparse como una aparente ejecución extrajudicial.

La Fiscalía ha sostenido una investigación compleja, reservada durante meses, que ha dado un giro gracias a un elemento clave: un video que muestra a los adolescentes siendo golpeados brutalmente por uniformados. Este material, hallado en el teléfono de la hermana de uno de los militares procesados, sería la prueba más contundente que sostiene la acusación de desaparición forzada.

Además del video, cuatro militares que participaron del operativo han decidido colaborar con la justicia. En sus versiones, señalan al subteniente John Henrry Z.E. como el principal responsable de las agresiones y del abandono forzado de los jóvenes en una zona rural. Según los testimonios, los menores fueron dejados semidesnudos y con disparos al aire para infundir miedo.

De los 17 procesados, 16 permanecen con prisión preventiva desde finales de diciembre. Solo uno, considerado cómplice, está con medidas sustitutivas. Durante la audiencia de este jueves, el juez deberá decidir si existen los elementos suficientes para llevar a juicio a los implicados. Además, se revisarán las medidas cautelares que pesan sobre ellos.

Este proceso ha tenido un fuerte impacto en la opinión pública. Familiares, colectivos de derechos humanos y organizaciones civiles han convocado a plantones para exigir justicia y condenar el abuso de poder por parte de las fuerzas del orden. Lo ocurrido ha reabierto un debate sobre el uso de militares en operativos de control ciudadano y los límites que deberían tener dentro del marco de los derechos humanos.

En paralelo, la Fiscalía también investiga el caso como un posible secuestro con resultado de muerte, en una causa que lleva la Unidad Nacional Especializada de Investigación de Crimen Organizado Transnacional (Unidot). Esta segunda línea apunta a determinar responsabilidades más amplias, incluyendo mandos superiores y posibles encubrimientos.

El caso de los cuatro jóvenes de Las Malvinas no solo pone en el banquillo a los acusados, sino que representa una prueba para el sistema judicial ecuatoriano. ¿Habrá justicia en un país donde históricamente la impunidad ha protegido a estructuras uniformadas? ¿Se permitirá una investigación sin presiones ni dilaciones?

La audiencia de hoy no solo marca el rumbo del proceso penal, sino que envía un mensaje sobre cuánto está dispuesto Ecuador a confrontar las sombras dentro de sus propias instituciones.