El negocio oculto tras los arrestos de migrantes: auge de las cárceles privadas en Estados Unidos

El incremento en los arrestos de migrantes en Estados Unidos ha generado una ganancia silenciosa pero millonaria para las empresas privadas que administran centros de detención. En medio de políticas migratorias más restrictivas y operativos masivos de detención, compañías como GEO Group y CoreCivic han expandido sus operaciones, reactivando cárceles cerradas y construyendo nuevas instalaciones con fondos públicos.

Estas corporaciones se benefician directamente del aumento de personas bajo custodia migratoria, ya que reciben pagos por cada detenido albergado en sus centros. Cuantas más camas se llenan, mayores son los ingresos. En muchos casos, estos espacios son ofrecidos al gobierno federal a través de contratos sin licitación, reabriendo centros que previamente fueron clausurados por violaciones a los derechos humanos.

Las detenciones prolongadas en centros privados se han convertido en una práctica común. A diferencia de los recintos gestionados por el gobierno, donde los procesos suelen ser más ágiles, los migrantes bajo custodia privada permanecen detenidos durante más tiempo. Este modelo, lejos de buscar eficiencia o justicia, responde a una lógica empresarial basada en la ocupación sostenida.

Mientras tanto, se multiplican las denuncias sobre condiciones inhumanas dentro de estas instalaciones. Migrantes relatan situaciones de hacinamiento, negligencia médica, castigos arbitrarios y alimentación insuficiente. Algunos centros han sido señalados por prácticas humillantes como obligar a los detenidos a comer encadenados o pasar días incomunicados.

A pesar de estas denuncias, las autoridades han permitido a estas empresas mantener e incluso expandir sus operaciones. La reapertura de instalaciones anteriormente cuestionadas ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, que exigen mayor fiscalización y transparencia en la asignación de contratos.

El panorama es aún más alarmante tras recientes decisiones judiciales que anulan restricciones locales contra estas compañías, permitiéndoles seguir operando sin supervisión efectiva. Activistas advierten sobre el crecimiento de un “complejo industrial de detención migratoria”, donde las personas en situación irregular son tratadas como mercancía que sostiene una maquinaria económica.

Mientras miles de familias sufren separaciones forzadas y condiciones degradantes, empresas privadas facturan millones bajo el amparo de políticas que priorizan el control y la criminalización del migrante sobre la protección de sus derechos.

El debate sigue abierto: ¿debe el control migratorio convertirse en una industria lucrativa? ¿O es momento de replantear el sistema para poner en el centro la dignidad humana, y no el interés económico?