Letitia James, fiscal general de Nueva York, es acusada de fraude bancario en medio de una tormenta política en EE. UU.

La fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, reconocida por su papel protagónico en el caso civil contra Donald Trump, fue acusada formalmente de fraude bancario y falsedad ante una institución financiera, en un proceso que ha desatado una tormenta política y mediática sin precedentes en Estados Unidos.

Según la acusación presentada por un gran jurado federal en Virginia, James habría declarado falsamente una vivienda como residencia secundaria para acceder a condiciones hipotecarias más favorables. Las autoridades alegan que la propiedad, adquirida en 2020, se utilizó como inversión de alquiler, lo que, de confirmarse, constituiría una irregularidad financiera.

El Departamento de Justicia informó que los cargos incluyen fraude bancario y presentación de información falsa, delitos que podrían acarrear penas de prisión de hasta 30 años y multas millonarias. La funcionaria, sin embargo, calificó las imputaciones de “infundadas y políticamente motivadas”.

“Esto no es justicia, es una venganza política”, declaró James en un breve comunicado. “Mi trabajo ha sido defender la ley, incluso cuando eso significó enfrentarme a los poderosos. No cederé ante la intimidación ni al uso partidista de la justicia”.

El caso llega en un contexto altamente polarizado. James fue la artífice del proceso civil que llevó a Trump y a su organización empresarial a pagar cientos de millones de dólares por prácticas financieras fraudulentas. Su protagonismo la convirtió en uno de los rostros más visibles del poder judicial demócrata y en un blanco frecuente de ataques desde la derecha conservadora.

La fiscal que presentó la acusación, Lindsey Halligan, fue designada recientemente por la administración republicana y ha sido señalada por sus vínculos con el entorno político de Trump. Este hecho ha alimentado sospechas sobre un posible uso político del sistema judicial para cobrar revancha contra una figura incómoda para el expresidente.

Analistas legales advierten que, aunque el caso parece menor en términos económicos, su impacto político podría ser devastador. Si la acusación prospera, James podría quedar suspendida de sus funciones mientras enfrenta el juicio. Por otro lado, si logra demostrar su inocencia, podría emerger como un símbolo de resistencia ante la instrumentalización de la justicia.

Las reacciones no se hicieron esperar. Líderes demócratas defendieron a James y denunciaron una “cacería judicial orquestada”, mientras portavoces republicanos celebraron la imputación como prueba de que “nadie está por encima de la ley”. Organizaciones de derechos civiles también expresaron preocupación por el precedente que este caso podría sentar en materia de independencia judicial.

La fiscal general deberá comparecer ante el tribunal federal el próximo 24 de octubre, donde se espera que se declare inocente de todos los cargos. Aun así, la acusación deja una marca profunda en la política estadounidense, abriendo un nuevo capítulo de confrontación entre el poder judicial y el aparato político en plena antesala electoral.