Rechazo total al bulo transfóbico de Le Senne: “No puede representar a nadie”

El Gobierno de las Islas Baleares ha condenado de manera contundente al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, por difundir un mensaje transfóbico en su canal de Telegram que ha provocado un amplio rechazo social y político. La polémica estalló tras la publicación de un bulo que hacía alusión ofensiva a las mujeres trans, bajo el mensaje: “Para menstruar y no echar gota”.

Catalina Cirer, consellera de Familias y Asuntos Sociales, expresó con firmeza que “la difusión de bulos, venga de quien venga, no tendría que ser compatible con nadie”. La declaración fue respaldada por varios representantes del Govern, dejando en claro que este tipo de discursos no pueden ser tolerados desde una institución pública.

Durante el pleno parlamentario, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, exigió acciones concretas al Ejecutivo balear y denunció el contenido como transfóbico y cargado de odio. En respuesta, Cirer evitó señalar directamente a Le Senne, pero subrayó la necesidad de que todos los funcionarios públicos se rijan bajo principios éticos irrenunciables.

A raíz del escándalo, Podemos ha solicitado formalmente que se evalúe la apertura de un expediente sancionador contra Le Senne, en base a la Ley LGTBI balear, que castiga expresamente la difusión de contenidos que promuevan el odio o la discriminación hacia personas por su identidad de género.

Diversos colectivos LGTBI y asociaciones de derechos humanos se han sumado al rechazo y piden la dimisión inmediata del presidente del Parlament, alegando que no puede seguir representando a la ciudadanía alguien que promueve discursos ofensivos y desinformadores desde plataformas públicas.

El caso se agrava debido a los antecedentes del propio Le Senne, quien ya enfrenta un proceso judicial por presunto delito de odio tras romper fotografías de mujeres republicanas fusiladas durante un pleno en 2023. Este historial alimenta aún más la presión social para que se tomen decisiones ejemplares desde el Gobierno balear.

En un contexto político polarizado, el episodio ha encendido el debate sobre los límites del discurso público, la responsabilidad institucional en redes sociales y la urgencia de proteger los derechos de las personas trans ante los crecientes ataques verbales y simbólicos.

El Govern, aunque con tono institucional, ha sido claro: no puede haber espacio para la transfobia en las instituciones. La sociedad exige coherencia, respeto y acciones, no solo declaraciones.