Publicado el 04/06/2025 en Latinoamérica
El presidente colombiano Gustavo Petro ha solicitado de manera formal al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, que interceda ante las autoridades portuguesas con el objetivo de facilitar la extradición de Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, un polémico contrabandista colombo-español buscado por las autoridades de Colombia. La petición se da en medio de un escándalo que involucra a Marín con presuntos intentos de infiltración en la campaña presidencial de Petro en 2022.
Marín fue capturado en diciembre de 2024 en el norte de Portugal, luego de haberse fugado de España mientras enfrentaba un proceso de extradición en libertad. Petro recordó que ya había pedido anteriormente a Sánchez su colaboración para lograr la detención del contrabandista en suelo español, lo que finalmente se concretó. Ahora, insiste en que se requiere un nuevo esfuerzo diplomático para que Portugal acceda a entregar a Marín a las autoridades colombianas.
Además, Petro hizo un llamado al Gobierno de Estados Unidos para que se abstenga de solicitar la extradición del mismo individuo. Según el mandatario colombiano, Marín debe ser juzgado en Colombia porque es en este país donde sus delitos han tenido mayor impacto y donde se debe esclarecer su presunta vinculación con estructuras políticas y de corrupción.
El nombre de Diego Marín ha resonado con fuerza en la opinión pública tras la revelación de un reportaje periodístico que expuso cómo este personaje habría aportado 500 millones de pesos colombianos —alrededor de 120.000 dólares— a través del empresario catalán Xavier Vendrell, con el propósito de infiltrar la campaña de Petro. El presidente ha negado cualquier vínculo ilegal con Marín y aseguró que, tan pronto fue advertido del origen dudoso del dinero, ordenó su devolución inmediata.
Petro admitió haber conocido a Marín en una reunión en la que se lo presentaron como un “empresario del sanandresito”, pero negó tener relación alguna con sus actividades delictivas. No obstante, para muchos sectores políticos y sociales, el caso ha levantado preocupaciones sobre la transparencia en la financiación electoral y los riesgos de penetración del crimen organizado en la política.
La solicitud de extradición ha generado un delicado escenario diplomático, donde convergen intereses judiciales de Colombia, España, Portugal y potencialmente Estados Unidos. Para el gobierno colombiano, llevar a Marín ante sus tribunales es clave para esclarecer las redes de contrabando, lavado de dinero y presunta financiación ilícita de campañas que habrían operado durante más de tres décadas.
El caso de ‘Papá Pitufo’ es ahora un punto sensible tanto para la justicia como para la diplomacia, y su desenlace podría tener implicaciones profundas en la lucha contra el crimen organizado transnacional en la región iberoamericana.