Publicado el 20/05/2025 en Noticias Locales
Washington D.C. vivió días de tensión y miedo tras una serie de redadas sorpresa lideradas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que irrumpieron en al menos nueve restaurantes de la ciudad en busca de trabajadores indocumentados. La operación, bautizada como “Safeguard”, ha sacudido al sector gastronómico y generado una ola de indignación entre empleados, empresarios y defensores de derechos civiles.
Los agentes de ICE llegaron sin previo aviso entre el 6 y el 9 de mayo, solicitando documentos y formularios de verificación laboral (I-9) en establecimientos como Millie’s, Pupatella, Chef Geoff’s y Ghostburger. Aunque no se reportaron detenciones en el momento, la presencia intimidante y la revisión masiva dejaron una estela de temor e incertidumbre entre los trabajadores.
“Muchos de nuestros empleados —con o sin papeles— no han vuelto a presentarse. El miedo es real y está afectando directamente la operación de nuestros negocios”, declaró Josh Phillips, copropietario de Ghostburger. Marisa Casey, directora ejecutiva de Georgetown Events, afirmó que el ambiente en sus restaurantes es ahora “de ansiedad constante”.
La alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, expresó su preocupación por el impacto de estas acciones, calificándolas como “perturbadoras”. Aunque aclaró que las auditorías laborales federales no están bajo la jurisdicción local, se comprometió a trabajar con asociaciones del sector para mitigar el daño a los empleados y empresarios afectados.
Desde el Congreso, las representantes Nydia Velázquez y Eleanor Holmes Norton lideraron una petición formal al director de ICE exigiendo transparencia y respuestas sobre los procedimientos empleados durante las redadas, especialmente al no haber presentado órdenes judiciales en los operativos.
La Asociación de Restaurantes del Área Metropolitana de Washington también alzó la voz, advirtiendo que estas redadas podrían causar un efecto devastador en una industria que ya sufre escasez de mano de obra y que depende, en gran parte, de trabajadores inmigrantes.
Estas acciones forman parte de un endurecimiento de las políticas migratorias implementadas bajo el segundo mandato de Donald Trump, quien ha puesto como prioridad la aplicación agresiva de la ley dentro del territorio estadounidense.
La comunidad migrante y los activistas por los derechos civiles se mantienen en alerta máxima, mientras los restaurantes exploran cómo proteger a su personal en un entorno cada vez más hostil y legalmente incierto.