Drones: la nueva amenaza aérea que transforma el conflicto armado en Colombia

El conflicto armado en Colombia ha entrado en una nueva fase. En los últimos meses, grupos armados ilegales como las disidencias de las FARC y el ELN han incorporado drones comerciales modificados como herramienta bélica, intensificando la violencia en regiones como Cauca, Nariño, Catatumbo y Arauca. Esta nueva modalidad está cambiando las dinámicas de combate, vulnerando zonas urbanas y rurales con ataques precisos desde el aire.

El uso de drones no es nuevo en conflictos internacionales, pero en Colombia su incorporación representa un salto tecnológico inédito. En lo que va de 2025, las autoridades han documentado al menos 75 ataques perpetrados con drones cargados con explosivos improvisados, algunos capaces de transportar hasta 50 kilogramos de carga letal. Estas ofensivas han tenido como blanco tanto instalaciones militares como poblaciones civiles.

Uno de los ataques más graves ocurrió en mayo en Tibú, Norte de Santander, donde un dron cargado con explosivos cayó sobre una zona habitada, provocando la muerte de un niño y dejando once heridos. En otros casos, los drones han sido utilizados para vigilar movimientos de tropas o lanzar explosivos contra bases del Ejército, estaciones de policía y convoyes militares.

El fenómeno preocupa por la sofisticación creciente de los dispositivos. Según informes de inteligencia, los grupos armados han recibido entrenamiento especializado —posiblemente desde el extranjero— para operar estos aparatos con alta precisión. Algunos drones son capaces de regresar a sus operadores tras ejecutar un ataque, evitando pérdidas de equipo. Otros son drones suicidas, diseñados para explotar junto con su carga.

En respuesta, el Ejército colombiano ha creado recientemente una unidad especializada antidrones, desplegada en regiones de alta conflictividad. Esta fuerza cuenta con equipos de detección y neutralización electrónica, y ya ha comenzado a capacitar a más de 30 militares para enfrentar esta nueva modalidad de combate. Además, el Gobierno ha anunciado la compra de sistemas antidrone por más de 25 millones de dólares.

Paralelamente, la Policía Nacional ha solicitado una reforma legislativa para regular la comercialización y uso de drones en el país. La iniciativa busca establecer controles más estrictos sobre quién puede adquirir estos dispositivos, qué tipos de carga pueden transportar y en qué zonas pueden volar. En este esfuerzo, Colombia cuenta con apoyo técnico y de inteligencia de países como Estados Unidos e Israel.

El impacto humanitario de esta amenaza es profundo. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, las víctimas por artefactos explosivos, incluyendo los lanzados desde drones, aumentaron un 89 % en 2024, y la tendencia sigue al alza. Se estima que al menos 457 personas han sido afectadas por explosivos aéreos en lo que va del año, muchos de ellos civiles en zonas donde el Estado tiene una presencia limitada.

Además del número de víctimas, el uso de drones ha generado desplazamientos masivos, miedo colectivo y restricciones al movimiento de comunidades enteras. Líderes sociales han denunciado que estas armas permiten a los grupos armados ejercer control territorial sin necesidad de confrontaciones directas, agravando el clima de inseguridad.

En este nuevo escenario, el conflicto armado en Colombia no solo se mantiene, sino que se transforma. La guerra adopta tácticas más silenciosas, pero igual de destructivas. El dron, hasta hace poco símbolo de modernidad y tecnología civil, se ha convertido en un instrumento de guerra en manos de actores ilegales. Ante esta realidad, el Estado enfrenta el desafío de adaptar su estrategia de seguridad, combinando inteligencia, innovación tecnológica y medidas preventivas para proteger a la población.